perito medico judicialLos peritajes médicos no son sencillos, pero si necesario para actuar ante las posibles negligencias médicas de los centros de salud. En el caso de Nagore Ocera, una cacereña 30 años que murió después que le practicaran una cesárea, el perito médico judicial tardó alrededor de seis meses en recabar la información necesaria y elaborar un informe.

El abogado de la familia de Ocera, Daniel López Vivas, relató que uno de los puntos más complicados fue que el Servicio Extremeño de Salud (SES) le entregara la documentación sobre cómo se actuó después de la intervención a la cacereña. El letrado explicó que han contratado a un perito médico judicial que ayudó a reconstruir lo que sucedió ese día, a través de los documentos facilitados por el SES.

En concreto, Ocera llegó al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres el 24 de agosto, donde dio a luz a su segundo hijo que nació en un perfecto estado de salud. La mujer, en cambio, fue trasladada en planta a primera hora de la mañana, donde comenzó una fuerte hemorragia. Doce horas después, a las 22:30 horas, la paciente falleció por el continuo sangrado.

Según se desprende de la querella, elaborada con el informe pericial, la mujer sufrió una atonía uterina que se produce cuando no se contra el útero después del parto. En este contexto, en la demanda se destaca que el centro médico actuó negligentemente y provocó un homicidio imprudente. Asimismo, pone de manifiesto que hubo una clara falta de atención por parte del personal sanitario.

Esto se debe a que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) dice que en estas situaciones primero se aplica un tratamiento médico inicial y si falla uno quirúrgico. Ocera recibió el tratamiento médico. Después, se la realizó una intervención quirúrgica, conocida como histerectomía, que consiste en extirpar el útero.

Sin embargo, la querella también destacó que no se administró a la paciente Carboprost, un medicamente que se utiliza cuando hay un sangrado severo. De hecho, la familia confirma esta versión, ya que los especialistas les advirtieron que no se le había podido aplicar un anticoagulante a Ocera porque no lo tenían y lo tuvieron que pedirlo a Mérida. Es por ello, que no se le podía suministrar hasta al cabo de 24 horas Carboprost.

Además, en la demanda se destaca que, después de la cesárea, a la cacereña no se la trasladó a una sala de reanimación, sino directamente a planta.

De momento, el abogado ha iniciado un juicio por la vía penal, que podría comportar condenas de cárcel. No obstante, el magistrado opina que no se pude responsabilizar a una sola persona de la muerte de Nagore Ocera. Por eso, si se demuestra que fue una cadena de errores, la querella penal se transformaría en una reclamación contencioso administrativa, que comportaría una indemnización para los familiares.

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