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Venezuela es una economía emergente, una de las principales razones es por contar con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. También forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su PBI PPA ocupa el décimo cuarto puesto en América Latina detrás de Panamá y Uruguay, y ocupa el puesto 79 a nivel mundial. Si se divide el PIB por la cantidad de habitantes que tiene Venezuela (más de 40 millones de habitantes), el resultado sale un PIB per cápita de 2 457 dólares de riqueza promedio anual por cada venezolano, convirtiéndose de esta manera en el país más pobre del continente después de Nicaragua y Haití.

Aunque la economía de Venezuela mostró en 2021 señales de recuperación, que se estimó en un crecimiento del 4%, después de un cúmulo de años arrastrando números en rojo, en hiperinflación y con el impacto macro de la pandemia de la covid-19. Esta tendencia, podría continuar en 2022, estaría liderada, de acuerdo con analistas, por el músculo privado, el más afectado por la crisis sanitaria, sin olvidar la contribución del efecto del rebote estadístico y la dolarización de facto. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en el caso de Venezuela, fue de 2.884€, por lo que se encuentra en la parte final de los puestos del ranking, el 130. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación con los 196 países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, indica que los venezolanos tienen una mala calidad de vida.

En el sistema bancario venezolano consta de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SUDEBAN), es el organismo de revisión y control del sistema bajo vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN). El objetivo principal de la ley consiste en garantizar el funcionamiento de un sistema bancario sólido, transparente, confiable y sustentable, que contribuya al desarrollo económico-social nacional, que proteja el derecho de la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios y que establezca los canales de participación ciudadana, en el marco de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de transformación socioeconómicos que promueve el país. Por otro lado, persigue el propósito fundamental de generar un cambio integral del sistema financiero que apoye el proceso socio productivo nacional, mediante la socialización bancaria a fin de alcanzar la democratización y equidad de los servicios financieros, y un funcionamiento cónsono con los requerimientos de la economía real, para así contribuir con el cumplimiento de los fines superiores del Estado.

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