Peritajes judiciales en el caso Castor

Hasta 18 personas, entre cargos y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del ministerio de Industria y directivos de la empresa Escal UGS, fueron imputadas por el juez de instrucción de Vinarós en enero del 2015 por el caso Castor.

Se conoce como caso de Castor al proyecto de prospecciones de búsqueda de gas en el Mediterráneo, frente las costas de Castellón, Tarragona o Baleares. Sin embargo, fue paralizado tras que se registraran unos 400 seísmos en septiembre de 2013 en el litoral peninsular, que se relacionaron con la inyección de gas en el almacén subterráneo.

Este julio, a estos imputados, se les sumó otra querella. El ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo y la empresa de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, especialidad en tecnologías forenses para peritajes judiciales, denunciaron que “hubo un exceso de financiación” y se pagaron complementos de productividad “de importes no justificados” a técnicos contratados por el IGME, que redactaron informes relacionados con este caso Castor.

En este sentido, en la querella se pide que se investiguen los peritos que fueron «pagados con fondos públicos o por entidades dependientes de la Administración a entidades privadas como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) o como sobresueldos de funcionarios públicos».

Así pues, ahora, peritos tecnológicos tienen la misión de comprobar si hubo irregularidades en la contratación de sus colegas de profesión por parte de la administración.